DECRETO SUPREMO QUE REGULA LOS SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN TRANSGREDE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LIBERTAD DE CONTRATACIÓN, AFECTANDO LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Las Cámaras de Comercio Regionales que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestra preocupación frente a los perversos efectos del Decreto Supremo que regula los servicios de tercerización.
Esta norma carece de fundamentos técnicos y constituye un duro golpe para los trabajadores formales contratados bajo esta modalidad. Además, contiene transgresiones a los derechos constitucionales de libertad de empresa y libertad de contratación reconocidos en los artículos 2.14, 59 y 62 de la Constitución Política.
Si se aplica este Decreto Supremo, muchos peruanos perderán sus empleos o pasarán a operar en la informalidad y, como consecuencia, se quedarán sin sustento para sus familias, afectando sobre todo a miles de micro y pequeñas empresas formales registradas en las diferentes localidades del país.
La norma que prohíbe la tercerización de las actividades empresariales afecta directamente las operaciones de las actividades de construcción, inmobiliarias, mineras, agropecuarias; así como de transporte, comunicaciones y de suministro de electricidad, gas y agua que brindan empleo a más de 100 mil trabajadores tercerizados en todo el país.
Exhortamos a las autoridades del Gobierno Central y al Congreso de la República priorizar las necesidades de la población que demandan trabajo decente y servicios de calidad, dejando de lado proyectos políticos e intereses de algunos grupos minoritarios.
21 de junio de 2022
