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CUSCO: EL COSTO ECONÓMICO DETRÁS DE LOS CONFLICTOS SOCIALES

Escribe Ruth Pamela Jururo Lazo, estudiante de Economía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

En las últimas décadas, analistas e investigadores han coincidido en que una de las condiciones necesarias para generar mayores niveles de desarrollo y crecimiento económico es propiciar y mantener un clima de paz social basado en la credibilidad y confianza en las instituciones públicas.

Desde diciembre del 2021, la Defensoría del Pueblo viene reportando más de 200 casos de conflictos sociales mensuales, cifra que no se observaba desde septiembre 2018. En los últimos siete meses del gobierno actual se han sumado 37 nuevos conflictos, pero solo se han resuelto 4, un número muy bajo a diferencia de los meses anteriores.

La Defensoría del Pueblo reportó 203 conflictos el mes de marzo y las regiones más afectadas por los conflictos son Loreto (29 casos) y Cusco (19 casos).

Las recientes noticias sobre conflictividad social en el Cusco generaron un importante costo en términos de inversión, producción y generación de empleo y riqueza, tanto para la comunidad como para el Gobierno.

El paro acatado por los agricultores, transportistas y otros gremios sociales de la región ante, principalmente, el alza del costo de vida el 18 y 19 de abril, provocó la paralización del 90% de las actividades productivas.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, el costo diario en el sector minerías y petróleo asciende aproximadamente a 16 millones de soles, mientras que el rubro de alojamiento y restaurante, más de 2,7 millones de soles y otros servicios tuvieron una pérdida de 15 millones de soles.

La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) informo que, debido a los bloqueos en diversos puntos de la ciudad imperial, el turismo perdió hasta 2,6 millones de dólares por día y alrededor de 4000 personas no lograron acceder a la ciudadela de Machu Picchu.

Por otro lado, de los 203 casos de conflictos, 87 de ellos corresponden a conflictos mineros. La conflictividad aún persiste en la región cusqueña, específicamente en las provincias de Espinar y Chumbivilcas, donde operan unidades mineras importantes como Antapaccay y Constancia respectivamente, que actualmente, junto a Las Bambas, son  responsables del 30% de la producción del cobre peruano.

Un estudio realizado por el Banco Central de Reserva (BCRP) informó que los conflictos mineros habrían impactado negativamente en el PBI total de 0.2%  y 2.3% en el PBI del sector minería metálica en el año 2021.

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 (MM 2022), el crecimiento del PBI para este año seria 3.5% pero si los conflictos continúan esta cifra podría reducirse hasta 3.1% y el costo sería de 3,616 millones de soles.

Una mayor tasa de conflictividad incrementa el costo de realizar un nuevo proyecto y reduce la inversión futura. Si a ello se suma la rebaja en la calificación crediticia del país el costo de inversión sería más alta. Este escenario no solo afectara a las familias, sino también a las entidades financieras y algunas empresas.

Recuperar la confianza de los inversionista y consumidores es clave para la reactivación económica. Es importante prever y evitar aquellos factores que pueden poner en riesgo la recuperación y desempeño de la inversión privada, como es el caso de los conflictos sociales.

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