CONSORCIO CAMISEA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA MASIFICACIÓN

Por Gianella A. Pineda Ilazaca, estudiante de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano

¿Es posible la masificación de gas natural en el Perú? Desde el año 2010 el Estado peruano ha percibido ingresos de US$ 4,300 millones producto de las regalías por la exportación del gas natural. Esto ha sido posible gracias a las operaciones del Consorcio de Camisea en la Amazonía de Cusco, que posee las reservas de gas natural más importantes de América Latina.

En la actualidad, existen múltiples conflictos acerca del precio del gas natural, debido a ello, nuestras autoridades plantearon la masificación del gas natural; sin embargo, se requiere una inversión elevada para que todo ello sea factible.

Según INCORE, en el año 2021, Cusco es la cuarta región del interior del país que más contribuyó a la economía nacional (S/ 19 289 millones). Asimismo, es la primera receptora de turistas, productora de gas natural y cuarta de cobre.

Según el INEI en el año 2020, la extracción de petróleo, gas natural y minerales aportó 46.2% al PBI. Cabe resaltar que los principales proyectos empresariales en Cusco son Antapaccay (Glencore), Constancia (Hudbay) y Gas de Camisea (Consorcio Camisea).

El Consorcio Camisea conformado por las compañías Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Pluspetrol realiza sus actividades en los yacimientos de gas ubicados en la Cuenca Ucayali, dentro del departamento del Cusco, provincia de la Convención, distrito de Echarate; señala que nuestro país tiene reservas de gas natural para abastecer a más de 20 millones de hogares, fuera del porcentaje que se exporta. Según este Consorcio, el Perú recibe el 67,24% de sus ingresos totales, entre regalías e impuestos, y desde el inicio de la operación hasta 2019, se han transferido más de S/ 40,000 millones al país.

En cuanto al rendimiento, el proyecto Camisea produce 1,600 millones de pies cúbicos de gas natural al día, de los cuales 600 millones se dirigen al consumo interno, de igual manera a la exportación y los 400 millones restantes se reinyectan al subsuelo porque no existe la infraestructura necesaria, como ductos y tuberías, para transportarlo a todo el país.

Por otro lado, cabe resaltar que el precio del gas natural de Camisea es de los más bajos del mundo, el 60% del precio del GLP (producto destinado balón de gas) está compuesto por lo que cobran los comercializadores, distribuidores, mayoristas e impuestos.

Según la economista Marusia Caro (2019) en su libro El gas de Camisea -historia, realidad y las perspectivas para el Sur Andino- afirma que “Masificar el uso del gas implica poner a disposición de los hogares una fuente de energía de más calidad que otros combustibles para cocer los alimentos o para calentar el agua”.

Sin embargo, una de las trabas que enfrenta la masificación del gas son los precios elevados ofrecidos por las empresas distribuidoras en sus zonas de concesión en relación con la competencia y, que se explica principalmente por la ausencia de infraestructura de transporte.

La propuesta del Ejecutivo es establecer una tarifa única que se financiaría vía un recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos, que consiste en una red de gasoductos subterráneos que faciliten el suministro de gas a las viviendas. Además, se necesitan instalaciones adicionales, que suponen costos iniciales, para que cada hogar pueda conectarse con la red.

Pese a esta realidad, para lograr la tan ansiada masificación, se necesita que el Estado promueva y genere condiciones e incentivos para atraer la demanda e inversión en infraestructura. Puesto que la inversión requerida para acceder al servicio de gas representa un freno para amplios sectores de la población interesados en usar una fuente que tiene un costo de consumo menor y de mejor calidad.

Por tanto, hace falta que los gobiernos diseñen políticas que faciliten el empleo masivo del gas en el sector doméstico. Debido a ello estamos lejos de la perspectiva de inclusión y equidad energética que se planteó como prioridad en el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022.